Andalán CAZAR: Estatutos y Juan B. Bferga Era previsible que la aplicación de la Ley de Organos Rectores provocara crisis en las relaciones entre Cajas de Ahorro y Gobiernos Regionales. En el caso de CAZAR, esta crisis tenía especial relevancia cuando los poderes públicos regionales habían sugerido el proceso de redacción de estatutos como el momento procesal para iniciar la sustitución de un equipo . directivo absolutamente devaluado tras el espediente incoado por el Banco de España. En algún momento, ha parecido que sectores de la Diputación General de Aragón han pretendido una política de firmeza intentando desarrollar el legítimo derecho del poder público a diseñar el proceso de gobierno del ahorro popular. Sin embargo, la actitud del Consejero de Economía tanto en el debate de las Cortes de Aragón como en reciente rueda de prensa no parece haber sido avalada por el gobierno regional que hasta la fecha ha preferido la negociación y la dialéctica de concesiones y presiones. Sea cual sea la planta de la plaza de los Sitios donde se dirige el proceso, la conclusión parece ser que José Joaquín Sancho Dronda ha recibido árnica. A mitad de año, la cúpula de CAZAR estaba tocada; los datos revelados a raíz del expediente abierto por el Banco de España situaron a los directivos de la Caja en un punto en que su inhabilitación como banqueros era posible. Sancho Dronda supo que su suerte estaba echada y se dispuso a diseñar un proceso que le permitiera aplazar hasta el último minuto los resultados del periodo abierto por la nueva Ley de Organos. El primer objetivo de Sancho Dronda fue asegurar su porvenir personal y el de sus directivos vinculando a ese resultado su actitud en la redacción de los estatutos. Al final del combate parece haberse suscrito cierto tipo de acuerdo: el Banco de España retiraría las sanciones económicas, Sancho Dronda abandonaría la Caja para permanecer un tiempo en la CECA —Confederación de Cajas de Ahorros— (hasta la renovación de sus estatutos) y se le permitiría ocupar un puesto de Consejero en el Banco Central, aprovechando un paquete de acciones familiares. En la misma línea, el porvenir económico de los directivos se aseguró garantizando indemnizaciones millonarias en en el caso de que los nuevos administradores decidieran cesarlos. El PSOE y el Gobierno Regional hicieron caso omiso de la cuestión pretendiendo que ambas cuestiones (sanción económica y contratos de indemnización) salvarían la oposición de los directivos, especialmente del Secretario de la Entidad, González Simarro. Por el contrario, la oposición de Sancho Dronda y González Simarro no hizo sino redoblarse coñ la intención de mantener el máximo tiempo posible los privilegios del Presidente y el Secretario del Consejo de Administración. El resultado del enfrentamiento es la aceptación de la DGA para que ambos ejecutivos continúen en el Consejo dos años más cuando la propuesta inicial era un período de doce meses. Este acuerdo — y algunos otros^ — se ha producido en el último minuto. En el verano, tras una entrevista secreta, la redacción de estatutos parecía zanjada. Se trató de un ardid de Sancho Dronda que en realidad se limitó a ganar un mes de tiempo para llevar la situación a un callejón sin salida que le permitiera desvirtuar al máximo las intenciones del gobierno regional. La polémica sobre la representación del Ayuntamiento de Zaragoza con el Consejo de Administración tiene precisamente ese sentido. Es conocido que la nueva Ley excluyó a' la Comunidad Autónoma del Consejo. La preocupación de la Caja no era tanto reducir la representación municipal (los ayuntamientos que proponía la Caja pueden ser de similar adscripción ideológica) sino evitar que la DGA interviniera a través de una representación municipal de confianza. Tras la intención de la Caja de incorporarse un solo miembro y la respuesta de la DGA de incorporar dos, parece .haberse llegado a un acuerdo que consistía en que la representación municipal de la Asamblea (la zaragozana será mayoría) pueda elegir "hasta un máximo de tres" representantes zaragozanos en el Consejo. Tal y como temía la Caja, uno de los miembros en el Consejo será un concejal de confianza de la DGA, Mariano Berges; el segundo, dada la situación del PSOE zaragozano, corresponderá a Luis García Nieto. La Caja ha aprovechado el escaso interés de la DGA en la promoción del Alcalde de Zaragoza, para obtener que el posible tercer puesto corresponda a Alianza Popular en la persona de Javier Núñez cuya actuación merece a la cúpula de CAZAR — y en esa medida al líder de AP, Rodríguez Furriel — más confianza que Gonzalo Salas. Lo que provocará alguna disputa entre los conservadores zaragozanos que tras la ruptura con él PDP sólo disponen de esas dos alternativas. : La tercera cuestión a debate hacía referencia al representante de la DGA en la Comisión de Control. La Caja pretendía tener sobre él derecho de veto y obligarle a secreto respeto al gobierno regional. Aquí se trataba de una posición difícilmente sostenible y que no tenía otro objeto que sér utilizado como elemento de presión. Ambas cuestiones han desaparecido de los acuerdos, ha facilitado las cosas seguramente el tipo de representante que la DGA desea. La personalidad del candidato que se citaba, Aurelio Biarge, venía avalada por una notable experiencia en la' Cámara oséense, por su carácter independiente y una honestidad política y económica reconodia por propios y extraños desde el período de la transición y su militància en UCD. Al final se nombrará a otra persona, y Biarge se reserva para ocupar un cargo en el nuevo Consejo. Más interés tiene el debate sobre el Director General. Punto en el que se ha debatido su asignación económica y militància política. El núcleo •del debate viene a reconocer que se ha podido producir algún retroceso en la gestación de una alternativa a José Joaquín Sancho Dronda. En un momento en que el PSOE prefería para este tipo de puestos a tecnócratas (todavía lo era Boyer) se sugirió a Cremades, personalidad bien ajena al PSOE. Los últimos nombramientos aparecidos en el BOE revelan que el partido gobernante está seleccionando militantes para puestos de responsabilidad empresarial. Esta vía ha quedado abierta con el acuerdo adoptado finalmente que sólo impide pertenecer a cúpulas dirigentes de partidos políticos si se opta a la Dirección General de la Caja. El resultado final del proceso es que teniendo en cuenta los miembros del Consejo que permanecerán en él hasta dentro de dos años y los representantes de la entidad fundadora, el grupo de Sancho Dronda sólo necesitaría tres o cuatro de los nuevos miembros del Consejo para seguir teniendo mayoría. En consecuencia, la elección de representantes de impositores y trabajadores adquiere una importancia esencial y aboca a sectores políticos y sociales que desean la renovación en la Caja a la confección de candidaturas unitarias. El proceso electoral, que deberá sustanciarse en los próximos cuatro meses, a contar desde la aparición en el Boletín Oficial de Aragón de la orden que apruebe los estatutos, ádquiere pues especial importancia ya que los estatutos dejarán abiertas numerosas posibilidades de maniobra a la cúpula de CAZAR. El Gobierno Regional deberá limitarse a una actitud institucional de vigilancia de la limpieza del proceso. Habrán de ser fuerzas sociales y políticas con influencia entre los PEDRO JOSE PATAS impositores los que asuman la responsabilidad de trabajar por la confección de una Asamblea que facilite la renovación. Sindicatos, fuerzas políticas, movimiento vecinal, etc., tienen ante sí la posibilidad, y seguramente la obligación, de repetir con un contenido renovado, el proceso de unidad que el cambio en el funcionamiento de la Caja provocó hace algunos años. Las espadas siguen en alto, excepto en los que respecta a los intereses económicos de los más importantes proceres de la Caja que han aprovechado la estrategia de negociación seguida por el gobierno regional para presionar en su beneficio. La máxima "a enemigo que huye puente de plata" puede llegar a resultar peligrosa si la dirección de CAZAR persiste en influir y orientar a los impositores. En este proceso ha pasado desapercibida la aceptación a la Caja de Ahorros de la Inmaculada de su propuesta de Estatutos que reconocen como fundadora a la Iglesia Católica —cuando la intención expresada por el gobierno regional era precisamente la contraria—; Los sindicatos de trabajadores de la CAI aseguran que la institución le ha colado un gol al gobierno regional necesitado de sacar algo adelante ante la presión pública que venía ejerciendo el asunto CAZAR. La CAI ha pescado con habilidad en un río ciertamente revuelto.