Opinión Por la libertad de expresión La época de la dictadura se caracterizó también por el establecimiento de una férrea censura, de un control represivo sobre las manifestaciones culturales; la ilusión de una democracia, cuyos límites todavía no han sido definidos constitucionalmente, parecía permitir una corriente de aire fresco sobre la censurada vida cultural del país que los hechos concretos llevan camino de desmentir. Reiteradamente, se viola el ejercicio del derecho de expresión, hasta tal punto que sería casi interminable ofrecer una lista de agresiones, cuyos métodos ofrecen ciertas peculiaridades respecto a la directa prohibición política del franquismo. Pues, ciertamente, ya no se trata solamente de la represión contundente: se articula legislativamente la prohibición; las bandas fascistas contrarrestan aquello que se escapa a la zarpa del Código Penal — ahí están los casos de EL PAPUS o de la retirada de la cartelera en nuestra ciudad de la tan esperada CAMADA NEGRA — ; se ponen en marcha circuitos culturales, cuya función es la canalización de los productos artísticos en el margen restringido de las minorías con posibilidad — social, económica y cultural — de acceso a tales espacios. Es en este marco general, en este horizonte político, cuya configuración podría extenderse al marco de los estados europeos en general, cuando quiebra el tradicional liberalismo en la actuación de los Aparatos del Estado, donde surge una corriente de opinión, actualmente minoritaria y todavía no reconocida ni ampliada a capas más extensas de las clases populares, favorable a la libertad de expresión. El permanente estado de guerra del Estado terrorista. que clarividentemente denunciaba Jean Genet, se levanta como guardián celoso del bien nacional atrayendo a las masas de la población contra quienes, supuestamente, enamorados de la destrucción, no tienen otro calificativo que el de terroristas. Quizá no sea una cuestión nueva, pero no está de más recordar que, desde las postrimerías del mayo-68, se ha venido recordando el progresivo proceso de fascistización al que asistimos — fascismo en la calle, fascismo en las aulas, fascismo en las fábricas, tal y como escribió el primer Glukcsman. ¿Cómo encuadrar esta batalla? ¿Qué pueden hacer aquellos que, actualmente, son los ejercientes de tal derecho? Sería utópico buscar o esperar el establecimiento de una total libertad de expresión; es claro que la existencia de las clases, y su lucha, plantea la existencia efectiva de unos límites que siempre acotarán el ejercicio de tal derecho. Aquí se encuadra el problema político de la libertad, en cuya consideración no vamos a entretenernos porque nos llevaría a problemas tangenciales a nuestra actual consideración — por más que sepamos que es el centro de la cuestión. Es preciso, sin embargo, la organizada lucha contra la excesiva restricción de los límites que nos son impuestos por el Estado, por las clases dominantes. Y, al respecto, pienso que es preciso librar tres batallas cuyo retraso plantea problemas gravísimos a la profundización democrática, detenida desde hace meses. La primera es la batalla contra las actuaciones que reprimen la libertad de expresión: movilizar contra los expedientes incoados, impedir la tranquila actuación de la represión sistematizada — como se hizo con SAIDA — , luchar por la anulación o libertad de quienes sufren condena por ejercitar la democracia — como puede suceder en el caso de ELS JOGLARS — ; no conciliar con la actuación de las bandas fascistas, exigir su desmantelamiento y el conocimiento de sus responsables, el juicio por sus atropellos y continuas violencias. Pero, a la vez, y como parte de esta batalla, proponer alternativas a los límites que definirán el carácter democrático del derecho de expresión: a este respecto, pienso que la batalla constitucional tiene mucho que enseñar a quienes creemos, convincentemente, que sin libertad de expresión no puede haber democracia. Pero es preciso no aislar el derecho de expresión; muchas veces, me parece, se corre el riesgo de concebirle como un ejercicio que se refiere a intelectuales, artistas, profesionales de los medios de comunicación. La responsabilidad de estas capas sociales es inmensa a la hora de trabajar para que el derecho de expresión pase a ser una conquista popular, un derecho individual y colectivo de todos aquellos que, con sentido democrático, conviven en el marco de una comunidad histórica. Me parece claro que los límites de la libertad de expresión se ampliarán toda vez que sean las capas populares las que recojan su necesidad, y ésta misma sea articulada no como un derecho a conquistar sino como la manifestación de una libertad que debe ser profundizada. Hay, finalmente, una tercera batalla. Más difícil, más complicada de analizar. El Estado establece nuevas formas de censura; canales rigurosamente cerrados, por más que su formalidad parezca presentar una permeabilidad general. Se proyecta en salas de cine minoritarias; se evocan lenguajes elitistas; se organizan cadenas donde el trabajo de los plásticos queda enjaulado; es muy difícil que la cortedad de los equipamientos existentes lleve la canción popular a las zonas recónditas de nuestra geografía. Me parece que este es un peligro, el de las nuevas formas de censura, del que debemos ser conscientes y contra el que tenemos que librar una batalla incansable. Cierto es que, en este sentido, la canción lar, aunque no al niveí ql quisiéramos, ha hecho algo cul deuda es impagable a la h| de valorar el actual estado ejercicio de la libertad de presión; pero, acaso, el pelig se agrave si no se es con cíente de la necesidad de evá dirse de la trampa de la diosidad de los cauces ir tucionalizados. Batallas, ciertamente, coyii| turales, parciales; pero, en fondo, lucha por el ejercicil democrático de un derecho rtj petidamente agredido. José L. Rodrigue] El partido para cambiar las cosas En cuatro exhaustivas jomadas, los días 17, 18, 19 y 20, y con el veto del Gobierno a ser reseñado en TV, se desarrolló en el Hotel Eurobuilding de Madrid, el I Congreso en la legalidad del P.T.E. El Congreso fijó las líneas fundamentales de la política del Partido en los próximos años, agrupadas en ocho bloques de resoluciones respecto a la política nacional e internacional, y dos en los que se refiere a la concepción del Partido y los nuevos estatutos. Sobre la crisis económica y la solución propuesta por el Gran Capital materializado en los Pactos de la Moncloa, consideramos que éstos no son sino un Plan de Estabilización que exige todo el sacrificio a los trabajadores, campesinos y pequeños y medianos empresarios sin que a cambio, se les haya concedido contrapartidas reales. El Partido del Trabajo de España, para llegar a una solución justa, favorable a las clases populares, propugna un programa económico democrático y operativo basado en el total aprovechamiento de nuestros recursos naturales, financieros y humanos, en el relanzamiento de la actividad económica y en el incremento de la demanda interior, con el sector público como principal protagonista. Un programa que no afecta a la propiedad privada, ni siquiera de los monopolios, pero que lógicamente reduce sus beneficios, lo que implicará la resistencia de estos a su implantación; resistencia que será necesario vencer porque es imposible defender realmente los intereses de los trabajadores, campesinos, etc. sin reducir las ganancias de los monopolios. Claro está que ningún Gobierno de UCD apoyará un programa semejante. Solamente un Gobierno de Salvación Democrática formado por un añiplio abanico de fuerzas democráticas y progresistas y aun representantes de los sectores más dinámico^ de la burguesía monopolista,' podría garantizar su ejecución. Para ello es necesano cambiar la actual correlación de fuerzas cuya clave está en la articulación de un gran movimiento de masas en torno a nuestro programa, que vaya forjando las alianzas entre las distintas clases y capas dañadas por el programa de los monopolios, y que siente las bases para el derrocamiento del poder de los monopolios y el establecimiento de otro nuevo: la Re¬ pública Democrática y Federal. Así el avance hacia la formación de un Gobierno de Salvación Democrática representa hoy la materialización más inmediata de esta estrategia, como única alternativa de defensa consecuente de los intereses de la mayoría de la población del país. Para adaptarse a la nueva situación y poder defender una política de este tipo, el P.T.E. se ha de convertir en un Partido de masas y de alternativas, en «el Partido para cambiar las cosas». Por tanto ha de aspirar a organizar hasta el último rincón de la actividad social, adecuando la vida del Partido a las nuevas condiciones, preparando su estructura para recoger a cientos de miles de militantes, garantizando la democratización total y el derecho a la discrepancia mediante la reglamentación de las corrientes de opinión dentro del Partido. Asimismo, consecuente con la realidad multinacional del Estado español y con la importancia estratégica de la lucha por los derechos nacionales y contra las desigualdades regionales, el P.T.E. constituido como Partido único se ha dotado de una estructura federal que garantiza la máxima autonomía para sus organizaciones nacionales, y regionales. En nuestro caso esta cuestión (PARTIDO DEL TRABAJO DE ARAGON, o no) será resuelta en el primer Congreso extraordinario de Aragón convocado para el próximo día 16 de abril. Nuestro Partido se reafirma en el marximo-leninismo, cuyos principios defenderá firmemente, comprometiéndose a combatir el eurocomunismo («Revisionismo Contemporáneo») y cualquier otra forma de influencia de la burguesía sobre las clases obreras y populares. En el plano internacional, él Congreso se mostró favorable a la no integración de España en la OTAN para disminuir el grado de dependencia respecto del imperialismo norteamericano y posibilitar una Defensa Nacional basada en un ejército propio, de carácter defensivo y democrático. Y en cuanto a la relación de España con la CEE, nuestra posición viene condicionada por el reconocimiento de que la España monopolista está abocada a la integración que el Gran Capital pretenda imponer, exigiéjido del Gobierno una defensa de los intereses de clase obreja, del campesinad y del pequeño y mediano era presarlo, así çomo una polític compensatoria de los costos desequilibrios que conllevan, C cualquier forma, tanto esta c mo la integración en la OTAN dada la trascendencia que ara! bas tienen para nuestro han de, ser objeto obligatori; mente de un plebiscito populai Zaragoza, 23 marzo 1978 Secretaría de Prensá del Comité Regional de Aragón del Partido del Trabajo de Ei CENTRO MEDICO (a los 40 días) Parque Roma, F Tel. 347921 • 4 a 8 tard 4 AND ALAN