niMlalán 3 DE SU A CIU LOS testimonios masivos traídos por las últimas jornadas, han sido una oportunidad para que parte del pueblo español expresara sus emociones. Característica primera de todas las manifestaciones ha sido la emotividad, y el sentimiento. Cuántas declaraciones, de personalidades o de pueblo' llano entrevistado, no han reflejado los términos de «pérdida de un padre», «orfandad»... Ha desaparecido en efecto un padre, en el que buena parte de españoles había delegado la capacidad de juicio y de decisión. Pilar Primo de Rivera lo decía muy bien: «la verdad es que estamos muy tristes. Nos habíamos habituado a que nos sacaba de todas, y vivíamos tranquilos...». El problema para estos españoles va a ser acostumbrarse a la recuperación de la libertad que la pérdida del padre supone, con los trabajos y responsabilidades que el ser libre comporta, o en caso contrario, encontrar a quien transferir la delegación o dejación de su ciudadanía. Por eso muchos hablan de que es el momento de que los españoles deben transformarse de súbditos en ciudadanos. El problema es el de los súbditos que se resisten a dejar de serlo y el de los ciudadanos impedidos de llegar a serlo plenamente. La plena ciudadanía es un derecho inalienable para quienes largo tiempo han luchado por conseguirla. Es una obligación para quienes estaban habituados a que «los sacaran de todas». En los cuarenta años de la era de Franco, esa delegación de libertad, deseada por unos, impuesta para otros, ha producido una concentración de poder que «ABC» interpreta señalando que «no se recuerda desde Felipe II, mandara nadie en España tan amplia y terminantemente como él mandó». En Ley que él mismo escribió, se declaró responsable ante Dios y ante la Historia. Ricardo de la Cierva ha escrito que no podemos vislumbrar el juicio de Dios, ni anticipar el de la Historia. El historiador inglés Hugh Tho- BDITOS D A D A N O S mas declaraba a la Agencia Efe que «la muerte de Franco marca el fin absoluto de la guerra civil» y signos claros de ello pueden ser las palabras de Girón convocando a los excombatientes, en las que hablaba de los caídos de ambos bandos, o las técnicas visuales y acústicas, con las que esa Televisión a la que hemos estado agarrados los españoles estos últimos días, ha restado relevancia a todas las manifestaciones y signos extemo residuales y anacrónicos. «¿Y después de Franco, qué?», se preguntaba el editorial de Informaciones del día 21. «Después de Franco, el pueblo español». Como es normal en los últimos años de la vida política nacional, los vacíos de contenido en las declaraciones de la clase política, trasmutada a una fidelidad monárquica repentina, y a extraños malabarismos con la palabra democracia, han sido eficazmente compensados por parte de la prensa nacional. Como también es normal en los últimos tiempos, la prensa catalana ha marcado la altura en la autenticidad de debates y declaraciones. Josep Pallach entendía que se debían de tomar rápidamente una serie de medidas: «establecimiento de las libertades democráticas, de asociación, de reunión, de expresión, constitución de partidos políticos y de auténticos sindicatos de trabajadores... etc.». Wifredo Espina señalaba en su columna de «El Correo Catalán», que la transición debía ser constitucional, pero también constituyente. Antón Cañellas, de la Democracia cristiana que el camino elegido por el poder debe tener como fin la democracia «cristalizar en un proceso constituyente que culminase en una primera convocatoria electoral para elegir nuevas Cortes por sufragio universal, secreto e igual». («El Correo Catalán» día 22). La solución a los problemas planteados por la desaparición de la concentración de poderes durante la época de Franco, pasa por devolver el protagonismo al pueblo mediante el libre ejercicio de las libertades democráticas. Del mismo modo que la reconciliación inicial de todos los ciudadanos pasa por la concesión de una amnistía de los presos por delitos políticos y sindicales. En palabras del Cardenal Jubany: «los pueblos de España están deseosos de emprender su marcha hacia el futuro, en una adecuada integración de todos los ciudadanos sobre la base de una libertad y una paz auténticas». Lo que también sabemos muchos españoles es que la democracia es algo que no viene concedido por Decreto, es algo que habremos de conquistar desde nuestra condición de ciudadanos. ANDALANIO COSTUMB?^ medidas económicas i A MEDIDA DE QUIEN? El desfase que hay entre las grandes declaraciones de principios y las decisiones que influyen en los hechos cotidianos se refleja claramente en las últimas medidas que han afectado a la economía española. Mientras que en las líneas fundamentales del IV Plan de Desarrollo se habla al igual que en todos los anteriores de mejorar la distribución de la riqueza, de reducir los desequilibrios y de luchar contra la inflación —objetivos que al reiterarse una y otra vez ponen de manifiesto el fracaso de los planes anteriores — , las medidas adoptadas en el Consejo de ministros del día 14, y que entraron en vigor a partir de su publicación al día siguiente, tienen un significado mucho más concreto y prosaico y desde luego muy alejado de los principios anteriores. Si hubiera de destacar las decisiones más importantes que se tomaron dentro de la maraña de disposiciones que recoge el paquete de medidas, habría que referirse necesariamente a las alzas de precios de la electricidad, el butano y Jos derivados del petróleo, a la continuación de la congelación salarial y al apoyo prestado a la construcción que pone de manifiesto que existe una voluntad reactivadora que hasta ahora sólo se ha centrado en algunos sectores. EN BENEFICIO DE LOS PEQUEÑOS ACCIONISTAS A la hora de analizar las subidas de precios autorizadas, destaca sobre todas la de la electricidad; aunque 1975 va a ser él peor año de la economía española desde el Plan de Estabilización, en cambio las grandes empresas del sector eléctrico no van a ver reflejada la crisis en sus cuentas de beneficios; nada menos que en dos ocasiones a lo largo del año la administración se ha mostrado sensible a las presiones del sector y han permitido alzas de las tarifas: en el mes de enero subieron en un 13 % en la energía destinada a usos domésticos y en el 17 % para la industria; ahora es el 8 % y 20 % más, respectivamente^ que harán que en noviembre el sufrido consumidor pague un 21 % más en sus recibos que hace diez meses, mientras que el alza será del 37 % para las actividades industriales, pero que al fin y al cabo será repercutida a través de los precios de sus productos y por tanto será pagada por todos los que los adquieran. La excusa que en ambas ocasiones se ha esgrimido para autorizar el alza ha sido la subida previa de los precios de los productos petrolíferos, pero analizando la estructura de costes de las empresas eléctricas esto puede ser una excusa, pero en ningún caso una razón, ya que según datos publicados por el propio Ministerio de Industria, el gas-oil y el fuel-oil suponen únicamente el 8,22 % del coste total de la energía eléctrica y, por tanto, sería necesario que su precio se triplicara para justificar aumentos de las tarifas de sólo un 16 %. Como esto no ha sido así, ya que entre las dos alzas no se ha llegado al 50 %, el precio mayor que a partir de ahora se deberá pagar por la electricidad va a tener como resultado un sustancioso aumento de los beneficios de las empresas eléctricas, que se interpreta como un apoyo claro de la administración al sector, con la mirada puesta en la financiación del Plan Energético Nacional — atendido en en buena medida a través de centrales nucleares— para el que se necesitarán cuantiosas inversiones en ios próximos años. Mediante este mecanismo, uno de los sectores más importantes del capitalismo español y que tiene estrechos lazos con la gran banca a través de numerosos consejeros comunes, va a obtener cuantiosa ventajas. Sin embargo, parece ser que éstos no han sido los únicos intereses que se han tenido en cuenta, ya que como declaró el ministro de Industria", es preciso tener en cuenta también a los modestos accionistas". Ahora a esperar a que les toque el turno a los modestos consumidores. LOS SALARIOS SIGUEN EN EL CONGELADOR Los que no salieron muy bien parados por el paquete de medidas fueron los trabajadores, sean modestos o no. El decreto del mes de abrü por el que se congelaban las alzas salariales se prorroga durante un año más y, por tanto, en los próximos convenios sólo se podrá aspirar a recuperar la capacidad adquisitiva perdida por los trabajadores a lo largo del convenio anterior y en todo caso —y con carácter excepcional — a un aumento real del 3 %, que aunque se logre no será suficiente para compensar las pérdidas acumuladas en los últimos meses. También respecto a esta medida hubo una frase con intenciones justificativas -—esta vez del ministro de Trabajo — que se refirió a la trascendencia social" de una decisión que buscaba ante todo hacer frente a los fuertes niveles de paro. Lástima que a continuación el propio ministro echó por tierra su propio razonamiento al reconocer que desde abril —mes en que comenzó la congelación— n hasta ahora, el número de parados se ha incrementado en un 18 %, lo cual demuestra que no son las inexistentes alzas salariales las causantes del paro. El anuncio de que se va a crear una comisión para estudiar un proyecto de ley sobre la participación laboral en la empresa, es una noticia que tampoco levantará los ánimos de los trabajadores; a quienes haya seguido las vicisitudes del proyecto de Ley Básica del Trabajo de Licinio de la Fuente — convertido finalmente en una exigua ley de Relaciones Laborales — semejante anuncio le sonará a músicas celestiales, y a muchos otros, ni siquiera a eso. AYUDAS SELECTIVAS La tercera de las medidas a que se hacía referencia por su importancia es la reactivación sectorial: para ello se prevé destinar cien mil millones de pesetas con objeto de financiar un programa especial de construcción de viviendas. Teniendo en cuenta que la construcción es el sector con mayores niveles de paro, y el efecto multiplicador que ejerce sobre otros sectores, esta medida parece adecuada, aunque al tenerse que dividir la cantidad a lo largo de tres años resulta insuficiente, y desde luego cabría adoptar otras medidas tales como la mejora de los subsidios de paro y su mayor extensión o bien un control del pluriempleo a través de una intervención creciente que supusiera una planificación auténtica de la economía española en función de los intereses sociales. Mientras tanto, se intenta ir tirando a base de medidas como las reactivadoras que tienen escaso alcance, o de otras que van encaminadas sobre todo a incrementar las ganancias de las grandes empresas monopolistas o a evitar que se resientan las cotizaciones bursátiles. ¿De verdad que es sólo en beneficio de los pequeños accionistas? NORMANTE