Nacional Vo al «borrón y cuenta nueva» £1 sucio juego del proceso autonómico Un examen objetivo de nuestra actualidad no permite llegar a otra conclusión que la del fracaso a que abocará el pretendido Estado español de las autonomías. Y ello, no porque las autonomías de los distintos pueblos de España y la organización del Estado español como Ayuntamiento de los distintos entes autonómicos no sea fórmula válida para intentar, de una vez por todas, buscar salida natural a los tres grandes y viejos problemas que nuestro país arrastra penosamente desde hace siglos (el de su unidad en la pluralidad, el de sus crisis sociales violentas y el de que sea posible a todos sus pueblos alcanzar el mismo rango de autonomía bajo el principio de la solidaridad), sino porque nos encontramos ante un auténtico fraude. Aunque el tema es ancho en matices y largo en complejidades, creo que se puede intentar un enunciado sinópitico fijando nuestra atención en tres aspectos principales: 1. No se quiere mutar el sistema del centralismo de decisiones. Por ello, dada «la feliz circunstancia» de que tanto Euskadi como Cataluña parecen ser los territorios más empeñados en la autonomía, dándosela sólo a ellos — con suficiente grado de autogobierno, aunque se procurarán todos los recortes posibles— seguirá intacto el sistema de concentración de las decisiones (es decir, de los poderes dominantes) con escasa variación sobre el sistema actual: Madrid (Poder Central), Bilbao y Barcelona polarizando la mayoría de los recursos y determinando la «vocación» que les cabe al resto de los territorios —y de los habitantes— del país. Para los demás entes autonómicos bastará con aplicar medidas descentralizadoras de las decisiones que se adopten en los centros de decisión (de dominación). 2. En consecuencia, no se quiere la existencia de poderes regionales autonómicos fuertes, reales, con verdadero poder de planificación, programación y mutación de estructuras. 3. Como corolario, lo que no se quiere es mutar el sistema económico y social, que devendría muy distinto si en aquellas regiones con un orden social y económico hoy más injusto, los poderes de sus órganos autonómicos tuviesen la virtualidad de mudar sus estructuras; o de irlas modificando. Porque este es el fraude y la engañifa: Si la autonomía que se dé a Aragón, a Andalucía, a Galicia, a Castilla Vieja, a León, a Canarias, a Extremadura, a La Mancha, etc., no va a tener poder para frenar la emigración, para controlar sus recurso naturales y ponerles justiprecio, para oponerse a la instalación de empresas que ejercen un claro colonialismo en sus regiones o son meras rapiñadoras de recursos y materias que luego se transforman y dejan todo su valor añadido en otras regiones, estamos ante un fraude. Porque las autonomías —el poder regional— no persiguen administrar la pobreza, sino que tiene como único fin el bien común, dentro de un orden social y económico más justo y acorde con aquellas costumbres y auténticas vocaciones colectivas de cada pueblo. El resto, como dicen los portugueses, son «cantigas». Mas antes de entrar a un examen algo más pormenorizado de estos aspectos, parece justo evidenciar un hecho que nunca he visto reflejado: el de las debidas indemnizaciones a que tendrían pleno derecho por los incalculables daños, materiales y humanos, que han sufrido en las últimas décadas. No al «borrón y cuenta nueva» Por eso, cara a las autonomías, se parte de un claro intento de hacer borrón y cuenta nueva, sin examinar que existen muchas cuentas pendientes. Franco no inventó el centralismo, pero el franquismo practicó y garantizó el desarrollo desigual capitalista en beneficio de tres áreas muy concretas del país: Madrid, Cataluña y Euskadi (en beneficio, claro es, de sus oligarquías económicas y financieras). La continua persecución de la Dictadura a las culturas y esencias vasca y catalana, y a la Cultura en general, y sus violentos esfuerzos por ponernos a todos los españoles un mismo «uniforme», corrió paradójicamente paralelo a la aplicación de una política económica y social polarizada que sirvió, en primer lugar, para convertir a Madrid-capital en un monstruo industrial que vio engordar elefantiásicamente su centralismo burocrático y político, junto al financiero. Pero también se establecieron dos acueductos que fueron trasvasando los recursos económicos succionados a todo el país, tanto a Cataluña como a Euskadi. Puestas las bases, sólo resta aplicar con rigidez la lógica capitalista: concentrar, polarizar, amontonar. Las consecuencias a la vista están: tres islas en una España esquilmada, sumida en bolsas de pobreza o en auténticos desiertos poblacionales. No es que ahora madrileños, vascos y catalanes tengan que pagar indemnizaciones por la devastadora política de cuarenta años de paz (?), pero sí tienen pleno derecho las Comunidades autónomas a exigir el cese del expolio. Para ello sólo será posible si — como señala Fernández Marugan — el Estado aplica una decidida política que destierre todo privilegio (sea de personas, empresas, instituciones o territorios) y aplica fórmulas sumamente drásticas para ir disminuyendo las acusadas diferencias interregionales, tanto de riqueza como He renta, «dirigiéndose fundamentalmente a las raíces de los mecanismos acumulativos que las generan». Él Fondo de Compensación Interterritorial ni es redistributivo, ni por sí sólo puede lograr reequilibrio alguno, ni constituye aportación de unas regiones a otras. Se dará, simplemente, un cambio de denominación al cargar a cuenta del FCI, las inversiones que ya venía realizando el Estado a cargo de los Presupuestos Generales. Por ello, si de verdad se persiguiera en España el establecimiento de un auténtico Estado de autonomías, habría que examinar qué poderes reales, qué competencias concretas deberían tener esas Comunidades y cuáles van a ostentar. Y la paradoja riza el rizo del sarcasmo cuando nos damos cuenta de que, precisamente, van a ser las dos Comunidades autónomas que (junto con Madrid) más se han beneficiado del injusto orden económico franquista, las que van a tener más amplias competencias. Autonomías, ¿para qué? Joan Fuster, el gran escritor valenciano pancatalanista, escribió no hace mucho meses en el diario «La Vanguardia», de Barcelona, un artículo sumamente clarificador sobre este tema de las autonomías. Decía Fuster: «...andaluces, extremeños, aragoneses, etc., ¿creen de veras que pueden con la autonomía sacar sus respectivos territorios de su miseria ancestral? (...). La miseria del campo andaluz era y es de estructuras de su país de origen. Huye de ellas porque perduran (...). Si las autonomías regionales (de las regiones atrasadas) no empiezan por enfrentarse con sus estructuras, ¿para qué las quieren? Sólo tienen objeto esas autonomías para sacar a la población resistente de su subdesarrollo. ¿Qué será, vaya por caso, de la autonomía andaluza si no se tocan las sacrosantas estructuras de su multisecular latifundio?». Y concluía: «Pero las autonomías no servirán para eso (para mutar las estructuras). Las prometidas autonomías no cumplirán esa aspiración (...). Y el desencanto de las autonomías no tardará por ello en evidenciarse». Tiene razón Fuster. Las autonomías de las regiones pobres sólo tienen razón de ser en la medida en que puedan atacar de raíz sus lacras sociales y económicas. En otro caso serán agua de borrajas, un fraude. Hay una proclividad absoluta a respetar el «statu quo» de las estructuras actuales, lo que hace que al no atacarse en profundidad las actuales relaciones interregionales de dominante-dependiente, todo se quede en una literatura grandilocuente y falsa. Porque si nadie se puede atrever hoy a negar los impresionantes desniveles y desequilibrios de renta y riqueza de las distintas regiones de España... ¿se nos puede explicar cómo se puede paliar tales desniveles si se sigue aplicando la misma política? Si no se cambian las causas que posibilitan esas relaciones de las regiones dominantes con las dependientes, es imposible. Antes al contrario: una autonomía vasca o catalana — aún sin más poder real del que pudieran alcanzar Andalucía, Castilla o Extremadura (y no va a ser así)— no harán sino acelerar la espontaneidad del sistema que, por su lógica intrínseca, seguirá tendiendo a la polarización, a la concentración en tres o cuatro núcleos muy concretos de España. Bien, dice Fuster, además, que ese poder para cambiar es¬ tructuras no lo van a tener las Comunidades Autónomas (ni en Euskadi ni en Cataluña, tampoco, señala acertadamente)... pero no dice que, claro es, en Euskadi y en Cataluña no hace falta «revolucionar» esas estructuras porque — si no de forma óptima — sus bases estructurales están desde hace tiempo mucho más acordes con un tipo de sociedad y de economía más racional, más humana, más igualitaria. En Euskadi o en Cataluña, tampoco en Baleares ni en el País Valenciano se parte de bases como la extremeña, la castellana o la andaluza. A la Generalitat o al Consejo General Vasco no les tiene que preocupar que el Estado Central les de o no poder para ejecutar una Reforma Agraria, pues de hecho y derecho la propiedad está bien repartida. Tampoco van a plantear lucha alguna para que el ahorro de Euskadi o de Cataluña se invierta en sus territorios, ni para que el ahorro de los emigrantes vaya a sus puntos de origen, porque no tienen emigrantes. Pero sí lucharán porque el agua de Aragón vaya a regar el campo de Tarragona y a seguir potenciando la industria y los servicios de Barcelona, por ejemplo. Sí lucharán porque todas las instituciones financieras sigan trasvasando sus recursos a sus respectivos territorios. Sí lucharán por un sistema fiscal que les permita recaudar en todo el resto de la nación lo que producen en su tierra. Sí lucharán porque los kilovatios oscenses, turolenses, zamoranos o salmantinos sigan costando en Vizcaya o en Barcelona lo mismo que ahora. La igualdad ante la Ley — ya lo dice un viejo precepto jurídico — no es el recibir de la misma un trato igual. La igualdad es tratar con desigualdad a los que son desiguales. Por ello, cara a las Comunidades Autónomas, el dar iguales poderes sobre los mismos campos a Andalucía y a Cataluña no es sino consagrar la desigualdad existente entre ambas comunidades. Eduardo Barrenechea ¿TIENE GOTERAS? Nosotros se las quitamos y e damos una garantia de 10 años, avalada por póliza de seguros ELASK-dTE se adhiere a cualquier superfície, pudiéndose aplicar sobre madera, hormigón, metal, baldosa, cemento, etc. No precisa obras IMPERMEABILIZAMOS TERRAZAS, FACHADAS, PISCINAS, DEPOSITOS, SUELOS DE GARAJES, ETC. CONSULTENOS en PROTEFA TELEF. 338456. C/ D. Pedro de Luna, 76-67. Zaragoza-10 ANDALAN 3